En Argentina, el sistema tributario es una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno, pero también es una de las cuestiones más debatidas en la política nacional. Los impuestos en el país están distribuidos entre nacionales, provinciales y municipales, lo que genera una estructura compleja y, a menudo, conflictiva. La presión fiscal en Argentina es elevada, y esto genera dificultades para los sectores productivos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que enfrentan una carga tributaria considerable que afecta su competitividad y capacidad de crecimiento.

Uno de los impuestos más controvertidos en Argentina es el Impuesto a las Ganancias, tanto para personas físicas como para empresas. La reforma del impuesto ha sido un tema constante en la agenda política, ya que muchos argumentan que las alícuotas son excesivas y desincentivan la inversión. La alta carga impositiva, combinada con la inflación y la inestabilidad económica, ha llevado a una creciente evasión fiscal y a la informalidad en la economía. A su vez, el gobierno ha implementado medidas como la moratoria tributaria, buscando regularizar la deuda impositiva y mejorar la recaudación.

Además, los impuestos al consumo, como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), son otra de las principales fuentes de ingresos para el Estado argentino. Sin embargo, estos impuestos indirectos tienen un impacto directo en los consumidores, lo que genera críticas sobre su efecto regresivo, es decir, que afectan más a los sectores de menores recursos. A pesar de las constantes discusiones sobre la equidad del sistema tributario, el gobierno continúa recibiendo ingresos importantes a través de estos impuestos, pero también enfrenta desafíos para mejorar su distribución y evitar mayores desigualdades.

En los últimos años, la necesidad de una reforma impositiva integral ha sido un tema recurrente. Diversos sectores económicos, académicos y políticos han propuesto modificaciones al sistema tributario, buscando simplificarlo, reducir la evasión fiscal y fomentar la inversión. Las propuestas incluyen la reducción de la carga tributaria sobre las empresas y la modificación de los impuestos a la renta, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo y la reactivación económica. Sin embargo, lograr consensos políticos sobre estos cambios es complicado, dado el contexto de alta inflación y la incertidumbre económica que atraviesa el país.