La propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años recibió el apoyo de varios sectores políticos, que lograron firmar un despacho de mayoría con 77 firmas. Entre los firmantes se incluyen importantes agrupaciones como la Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, el partido Democracia Participativa (DPS), Innovación Federal y la Coalición Cívica. 

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron este martes un consenso y firmaron un dictamen de mayoría para reformar el régimen penal juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La diputada Laura Rodríguez Machado informó que el despacho contaba con 77 firmas, lo que reflejaba el apoyo de varios sectores políticos. Esta iniciativa recibió el respaldo de agrupaciones como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, y otros partidos de la oposición, superando en apoyo al dictamen de Unión por la Patria, que proponía mantener los 16 años como umbral mínimo para la punibilidad.

Este dictamen es el resultado de varias reuniones entre legisladores y expertos, muchos de los cuales se mostraron críticos del proyecto original impulsado por el Gobierno, que planteaba reducir la edad de imputabilidad a los 13 años. A lo largo de los encuentros, el oficialismo y sus aliados lograron modificar el proyecto inicial, incorporando algunos cambios para abordar las críticas y presentar una nueva propuesta sobre la reforma del régimen de minoridad. Aunque hubo intentos por parte de los legisladores kirchneristas para retrasar la firma del dictamen, estos no prosperaron y el avance fue definitivo.

Dentro del debate, la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), resaltó que la reforma era un tema pendiente en el Congreso, subrayando la importancia de la resocialización y la educación para los jóvenes en conflicto con la ley. Asimismo, destacó que el proyecto incorpora medidas alternativas y un acompañamiento continuo para los menores. En contraste, algunos opositores, como el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, criticaron la reforma, argumentando que la baja en la edad de imputabilidad no solucionaría los problemas de criminalidad y que, en muchos casos, los jóvenes se convertirían en chivos expiatorios, en lugar de recibir medidas de reinserción social.

Por su parte, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, defendió el proyecto señalando que se había modificado el planteamiento original del Gobierno, particularmente con respecto a las garantías procesales para los jóvenes de 16 a 18 años. También remarcó que el proyecto no solo buscaba bajar la edad de imputabilidad, sino que proponía un enfoque integral con medidas socioeducativas para los menores. En este sentido, resaltó que el proyecto garantizaba que los jóvenes pudieran ser escuchados y recibir medidas para su rehabilitación, en lugar de ser simplemente castigados.

Sin embargo, algunos miembros de la oposición, como los diputados kirchneristas Matías Molle y José Glinski, expresaron su desacuerdo con el tratamiento del proyecto. Molle cuestionó la falta de presupuesto para financiar las políticas de prevención y consideró que el debate solo buscaba generar titulares en los medios, mientras que Glinski denunció que el tratamiento del tema era una “farsa” y un intento de utilizar argumentos garantistas para justificar la baja en la edad de imputabilidad, sin abordar de manera integral el problema de la criminalidad juvenil. Ambos insistieron en la necesidad de una discusión más profunda y en un enfoque preventivo que abordara las causas subyacentes de la delincuencia juvenil.