Se llevaron a cabo tres operativos de allanamiento en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado. Dos de ellos se realizaron en los laboratorios que fueron clausurados por las autoridades sanitarias, mientras que el tercero tuvo lugar en la droguería responsable de distribuir el lote de fentanilo que ya estaba vencido. 

Los operativos realizados en los laboratorios clausurados Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., así como en la droguería implicada en la distribución del fentanilo contaminado, finalizaron con el secuestro de una gran cantidad de insumos médicos. Estos elementos, considerados relevantes para el desarrollo de la causa judicial en curso, están siendo analizados por las autoridades correspondientes, ya que la investigación busca esclarecer la cadena de responsabilidades detrás del producto adulterado.

Los tres allanamientos, llevados a cabo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, permitieron incautar 23 botellas de fentanilo de 500 mililitros, 2.400 ampollas del mismo medicamento, tres bidones con un total de 4,8 kilos con inscripciones relacionadas con el opioide, y 17 cajas con 3.000 unidades del producto. Además, se recolectaron informes, documentación y otros elementos considerados clave. Durante los procedimientos también fueron identificadas ocho personas, tres de ellas pertenecientes a los laboratorios investigados, quienes quedaron a disposición del juez a cargo del caso.

En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó la existencia de 66 casos asociados al consumo de fentanilo contaminado del laboratorio HLB, de los cuales 54 fueron clasificados como confirmados y 12 se mantienen en evaluación como sospechosos. Esta información fue difundida a través del Boletín Epidemiológico Nacional N.º 756, y forma parte del seguimiento oficial de los casos.

Los contagios confirmados corresponden a pacientes atendidos en dos provincias: Buenos Aires, donde se registraron 18 casos, y Santa Fe, con un total de 36 afectados. La situación generó alarma en el sistema sanitario y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales, que trabajan en conjunto para identificar responsabilidades y evitar nuevas exposiciones al producto contaminado.