El hombre acusado de intentar robar el auto del presidente de la Corte está siendo juzgado. El fiscal Diego Luciani duda de su relato y sospecha que podría tratarse de una estrategia de inteligencia.

El intento de robo al vehículo oficial del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ocurrido en mayo del año pasado, ha generado nuevas dudas tras la declaración del acusado, Damián Barruet, ante el Tribunal Oral Federal 2. Este hombre, de 47 años, fue detenido luego de intentar forzar la cerradura de la camioneta Toyota SW4 asignada a Rosatti en el estacionamiento reservado del máximo tribunal, en pleno mediodía, mientras se llevaba a cabo una audiencia pública con la presencia del magistrado y otros jueces federales.

Según la acusación, Barruet amenazó a un custodio con un objeto punzante antes de huir a pie, siendo capturado dos cuadras más adelante por la Policía de la Ciudad. Durante la audiencia, Barruet aseguró que desconocía a quién pertenecía el vehículo y que se acercó solo por curiosidad, buscando encontrar algún teléfono celular o computadora dentro. Sin embargo, su versión no convenció al fiscal Diego Luciani, quien manifestó sospechas sobre la verdadera intención detrás del hecho.

Entre los aspectos que generan inquietud está el hecho de que Barruet llevaba un handy, algo poco común en un ladrón común, y que no intentó robar ningún otro vehículo a pesar de que el lugar estaba lleno de autos oficiales. Además, al ser detenido, no pudo recordar ningún número telefónico, lo que complicó su identificación. Estas circunstancias aumentan la sospecha de que el robo no fue un acto azaroso.

El fiscal Luciani insinuó que detrás del intento de robo podría haber una maniobra organizada o de inteligencia, señalando que alguien habría enviado a Barruet específicamente para abrir la camioneta de Rosatti. En el expediente se incorporaron imágenes de seguridad y testimonios de policías y un testigo presencial que aportan pruebas que refuerzan esta hipótesis. Cabe destacar que Barruet, oriundo de Córdoba, tenía una orden de captura vigente por una causa de violencia de género y varios antecedentes penales por robos y resistencia a la autoridad.