Los gremios del sector advirtieron sobre la posibilidad de una eventual “catástrofe aérea” en el país si el Gobierno no toma medidas urgentes para revertir las decisiones que, según ellos, están debilitando gravemente la seguridad operativa, las condiciones laborales y la estructura del sistema aeronáutico nacional.
Este lunes por la mañana, el Aeroparque Metropolitano fue escenario de una asamblea convocada por cinco sindicatos aeronáuticos, que manifestaron su oposición a los cambios laborales impulsados por el Gobierno mediante el DNU 378/2025. La actividad se desarrolló sin interrupciones relevantes en el cronograma de vuelos, aunque se registraron algunas demoras menores. La presencia gremial fue notoria en distintos sectores del aeropuerto, acompañada por un refuerzo en el operativo de seguridad.
La protesta fue organizada por las principales organizaciones sindicales del sector: APA, UPSA, AAA, Atepsa y ATE ANAC, en respuesta a una serie de reformas que, según denunciaron, afectan gravemente los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos. El conflicto comenzó tras la publicación del decreto que, entre otras medidas, amplía el tope de horas de vuelo diarias y anuales, reduce el tiempo de descanso obligatorio, recorta el régimen de licencias y elimina el reconocimiento del tiempo de espera como parte de la jornada laboral. Los sindicatos aseguran que estos cambios no solo degradan las condiciones laborales, sino que también comprometen la seguridad operacional del sistema aéreo.
Luego de la asamblea, los referentes sindicales ofrecieron una conferencia de prensa con duras críticas al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger. Edgardo Llano, de APA, denunció que las medidas están desmantelando el sistema de control aéreo y advirtió sobre una posible «catástrofe aérea» si no se revierte el DNU. Por su parte, Roberto Fernández (UPSA) alertó sobre la falta de control estatal en la habilitación de operadores aéreos, ironizando que la situación abre la puerta al narcotráfico. Los gremios ya presentaron una denuncia ante la OIT por la desregulación del sector.
Además de las reformas laborales, las organizaciones sindicales reclaman por el congelamiento salarial en Aerolíneas Argentinas y los controladores de Atepsa, junto con más de un centenar de despidos en la ANAC.
A pesar de estar alcanzados por conciliaciones obligatorias que les impiden realizar paros, varios gremios advirtieron que podrían intensificar las medidas de fuerza tras las vacaciones de invierno si no hay respuestas concretas del Gobierno. Paola Barrita, de Atepsa, cuestionó el uso de la conciliación como herramienta dilatoria y señaló que el 15 de agosto vence el plazo legal, anticipando la posibilidad de nuevas acciones gremiales a partir de esa fecha.











