Durante el juicio, se detallaron diversas maniobras implementadas para introducir elementos prohibidos en el penal, logrando burlar los controles de seguridad establecidos. Estas prácticas, según lo expuesto, formaban parte de un entramado organizado que permitía el ingreso de objetos y sustancias ilegales. 

En el juicio contra integrantes del Servicio Penitenciario de Salta, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares acusados de integrar una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas, los fiscales presentaron pruebas y declaraciones de exreclusos. Durante la quinta audiencia, se expusieron maniobras utilizadas para introducir elementos prohibidos al penal evitando los controles establecidos.

La Unidad Fiscal, compuesta por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, citó a seis testigos. El primero, un sargento ayudante, presentó grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a un efectivo ingresar tres cajas de pizza sin pasar por el scanner. En las imágenes, el agente desaparece del registro durante 20 segundos y luego continúa su trayecto hasta el pabellón K, donde entrega las cajas en una oficina. Según el testigo, la Dirección de Inteligencia identificó a los implicados y, en celulares incautados, hallaron fotos de drogas, una balanza, transferencias por $40.000 y conversaciones sobre venta de estupefacientes.

El segundo testigo, un exinterno, aseguró que el personal penitenciario introducía drogas, teléfonos y comida para un interno encargado de su distribución. Relató también que realizó transferencias para adquirir drogas y otros artículos, y denunció que, luego de declarar en enero de 2024, fue agredido y aislado por 60 días. Otro exinterno manifestó que comenzó a consumir drogas dentro del penal y que su madre hacía transferencias a alias indicados por otros internos para concretar las compras.

Por su parte, el exsubdirector de la Unidad Carcelaria 1, Gabriel Ángel, declaró que al asumir el cargo detectó la ausencia de actas de evaluaciones y de beneficios otorgados por el Consejo Correccional, y que en 2022 se concedió un número inusualmente alto de beneficios. Con el testimonio de los seis citados, el Tribunal conformado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar decidió levantar la sesión, fijando su reanudación para el lunes 11 a las 8 horas.