La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación que se sigue sobre la intervención de la obra social. Además de los allanamientos en la sede de Osprera, se llevaron a cabo operativos en la Superintendencia de Servicios de Salud, con el objetivo de obtener documentación y pruebas que permitan esclarecer el manejo de los fondos y posibles irregularidades administrativas.

La Justicia federal dispuso allanamientos en la sede de la obra social Osprera y en las oficinas de la Superintendencia de Salud dentro de la investigación sobre la intervención de la entidad. La orden, emitida por el juez Sebastián Casanello, apunta a obtener documentación relacionada con los contratos celebrados con la droguería Suizo Argentina, que en pocos meses recibió pagos millonarios mientras mantenía una deuda previa con la obra social.

El procedimiento, llevado adelante por la Policía Federal, busca esclarecer la relación financiera entre Osprera y la droguería, ya que durante los primeros meses de la intervención se emitieron órdenes de pago superiores a los $7.700 millones. Una auditoría también había detectado que la obra social mantenía una deuda acumulada de más de $3.000 millones con Suizo Argentina, lo que despertó sospechas sobre posibles irregularidades en la administración de los fondos.

La causa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán a partir de una denuncia del titular de la Uatre, José Voytenco, apunta a determinar vínculos políticos y responsabilidades entre los involucrados. El análisis de las comunicaciones del interventor Marcelo Petroni reveló contactos frecuentes con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, además de menciones a reuniones con referentes como Mario Lugones y Martín Menem. El juez Casanello espera el avance de estas medidas para resolver los pedidos de indagatoria solicitados por la fiscalía.