Los acreedores granarios expresaron su rechazo a la propuesta presentada por Grassi SA en el marco del concurso de Vicentin. Argumentan que la oferta establece quitas consideradas excesivas, plantea condiciones diferenciales que los perjudican frente a otros acreedores y, además, incumple con lo estipulado en la Ley de Concursos y Quiebras. 

El proceso de cramdown de Vicentin volvió a generar controversias tras la impugnación presentada por un grupo de acreedores granarios contra la propuesta de Grassi SA. Según el planteo, la oferta incumple con lo establecido en la Ley de Concursos y Quiebras, ya que establece un esquema de pago que consideran abusivo y contrario a los derechos de los acreedores.

La objeción, realizada en representación de siete acreedores, señala que el plan de Grassi prevé un dividendo inferior al que correspondería en caso de liquidación de la empresa. En particular, critica la figura de la llamada “propuesta residual”, que obliga a quienes no adhieran a aceptar un esquema de cobro equivalente al 40% del crédito en diez cuotas anuales, con la mayor parte recién en 2036 y con un interés reducido en dólares.

De acuerdo con los cálculos presentados, este mecanismo implicaría en la práctica una quita de entre el 93% y el 97% del crédito original, lo que contraviene el requisito legal de no ofrecer menos que en la quiebra. Además, los acreedores sostienen que esta modalidad presiona a los disidentes a aceptar condiciones desfavorables, ya que las alternativas más ventajosas solo están disponibles para quienes firmen conformidades.