Luciani expresó su descontento al señalar que, pese a que se intimó formalmente a las partes involucradas para que abonaran una suma superior a los 500 millones de dólares en concepto de reparación económica, hasta el momento no se ha efectuado ningún pago ni se ha mostrado voluntad de cumplimiento por parte de los acusados.

El fiscal federal Diego Luciani, a cargo de la causa Vialidad que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión, reiteró que su principal objetivo es avanzar con el decomiso de los bienes de la exmandataria. Señaló que esta medida ya fue confirmada judicialmente, pero aún no se ejecutó, a pesar de que las partes fueron intimadas a pagar más de 500 millones de dólares sin que se haya cumplido el requerimiento. Durante una exposición en el Rotary Club de Buenos Aires, enfatizó que continúa “dando la pelea” para lograr que se cumpla una sentencia firme.

Luciani recordó que, junto a su colega Sergio Mola, pidieron al Tribunal Oral Federal N° 2 que proceda de inmediato con la ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados, tras vencerse el plazo de pago fijado. Reafirmó que en su acusación demostraron cómo Néstor y Cristina Kirchner establecieron en Santa Cruz un sistema de corrupción institucional que permitió a Báez acumular más de 420.000 hectáreas y una fortuna con cientos de propiedades y bienes, lo que consideró una muestra de enriquecimiento ilícito a costa del Estado.

El fiscal advirtió que la corrupción afecta directamente a los sectores más vulnerables y constituye un atentado contra la democracia, según lo establece la Constitución Nacional. Además, denunció que durante el gobierno de Alberto Fernández los fiscales fueron objeto de presiones y ataques por investigar hechos de corrupción, mencionando como ejemplo los dichos del expresidente tras su alegato en el juicio. Finalmente, sostuvo que la condena a Cristina Kirchner se está cumpliendo y que la sociedad percibe que se está aplicando justicia frente a delitos cometidos durante años.