El incremento se implementará de forma gradual a lo largo del último trimestre del año, con etapas previstas entre octubre y diciembre próximo, de modo que el ajuste se refleje progresivamente en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El Gobierno anunció un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador, que establece los montos que reciben los prestadores de servicios destinados a la atención de personas con discapacidad. La medida llega en un contexto de fuertes reclamos por parte de familiares, quienes habían denunciado una disminución de los fondos asignados al sector. Tras la reciente victoria electoral del oficialismo, la actualización fue oficializada a través de la Jefatura de Gabinete y se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar los costos crecientes y ofrecer mayor previsibilidad al sistema.

Según informó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el aumento abarcará múltiples modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia tanto para instituciones públicas como privadas. Desde el organismo destacaron que la medida busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de prestaciones clave como internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación. Además, aseguraron que la actualización permitirá mantener los valores por encima de la inflación estimada para 2026, brindando mayor estabilidad en la relación entre prestadores, obras sociales y el Estado.

El ajuste del nomenclador constituye un elemento central para la financiación del sistema, ya que determina los montos reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores. En paralelo, la semana pasada el Ministerio de Salud cumplió con la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas por el Gobierno, reafirmando así el compromiso con la protección y asistencia de las personas con discapacidad.