La política rionegrina enfrenta causas que la comprometen por estafa inmobiliaria. No es un caso aislado, ya que Villaverde es investigada por acusaciones similares en localidades como Las Grutas o San Antonio Oeste. 

La política rionegrina Lorena Villaverde quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de que la Justicia dispusiera el embargo de su sueldo y de su aguinaldo, en el marco de causas que la comprometen por presuntas estafas y hechos de corrupción. Según trascendió, el monto reclamado alcanzaría los $40 millones, cifra que expone la magnitud del conflicto judicial que enfrenta la dirigente.

Las investigaciones apuntan principalmente a una presunta estafa inmobiliaria, donde denunciantes sostienen haber sido perjudicados en operaciones que terminaron en irregularidades. La medida judicial de embargar ingresos formales se interpreta como un paso significativo en el avance de la causa, ya que busca garantizar el eventual resarcimiento económico ante los reclamos en curso.

El caso no sería aislado. Villaverde también es investigada por acusaciones similares en distintas localidades de la provincia, como Las Grutas y San Antonio Oeste, lo que refuerza la idea de un patrón repetido en torno a su figura. En Río Negro, el tema ya se instaló como un foco de debate, especialmente por el impacto que genera sobre la credibilidad de la dirigencia política.

Mientras la situación avanza en tribunales, el episodio suma tensión en el escenario provincial y reaviva las críticas por la falta de transparencia en algunas prácticas vinculadas a operaciones comerciales y políticas. Con embargos en marcha y un volumen creciente de denuncias, Villaverde enfrenta un panorama complejo, con consecuencias judiciales que podrían seguir escalando en los próximos meses.