El economista sostuvo que los cambios en materia laboral, impositiva y previsional son clave para recuperar el crecimiento y dar sustentabilidad al sistema jubilatorio.

El economista y ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, defendió el proyecto de modernización laboral que impulsa el gobierno nacional y afirmó que la Argentina atraviesa un prolongado estancamiento económico. Según sostuvo, el país “no crece desde hace 20 años”, una situación que atribuyó principalmente a la falta de productividad y a desequilibrios estructurales que requieren reformas profundas.

En declaraciones radiales, Aracre señaló que las modificaciones propuestas pueden beneficiar especialmente a los pequeños y medianos empresarios. Explicó que, si bien existen alrededor de seis millones de empleos privados registrados, el mercado laboral convive con unos ocho millones de trabajadores informales, una cifra que refleja las limitaciones del modelo actual para generar crecimiento sostenido.

El economista remarcó que la reforma laboral forma parte de un paquete más amplio que incluye cambios impositivos y previsionales, además de la estabilización macroeconómica impulsada por la gestión del presidente Javier Milei. A su entender, estas medidas buscan sentar las bases para una economía más competitiva y con mayor capacidad de generar empleo formal.

Aracre también advirtió sobre el impacto de la informalidad en el sistema jubilatorio. Indicó que millones de personas que hoy trabajan en negro no realizan aportes ni cuentan con cobertura de salud, lo que debilita la sustentabilidad del régimen previsional y repercute negativamente en el nivel de las jubilaciones actuales.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales objetivos de la reforma es facilitar la regularización del empleo. Reconoció que el trabajo genuino se crea a partir del crecimiento económico, pero afirmó que muchas empresas que funcionan correctamente no blanquean a sus trabajadores debido a los altos costos y riesgos legales que ello implica para una pyme.

Por último, Aracre apuntó a la necesidad de reducir la litigiosidad y el riesgo jurídico asociado a la contratación formal. También cuestionó el rol histórico de los sindicatos, al señalar que han priorizado la defensa de los trabajadores registrados, dejando relegados a millones de personas que permanecen en la informalidad dentro del mercado laboral.