El proyecto baja la edad de imputabilidad a 14 años, fija penas diferenciadas y prohíbe la prisión perpetua para menores.

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza comenzó las gestiones para que el nuevo Régimen Penal Juvenil sea tratado en el Senado de la Nación, con la intención de llevar el debate al recinto a fines de febrero.

La iniciativa propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina y reemplazar una normativa vigente desde la última dictadura por un régimen especial orientado a menores de edad que cometan delitos.

El texto establece un esquema de sanciones diferenciadas que van desde medidas alternativas hasta penas de prisión de hasta 15 años en casos de delitos graves. A la vez, prohíbe expresamente la aplicación de la prisión perpetua y determina que los menores cumplan las penas en espacios específicos, separados de los adultos.

Otro de los ejes centrales es la incorporación de medidas complementarias de resocialización y un abanico de castigos no privativos de la libertad, especialmente para delitos de menor gravedad. Para penas inferiores a tres años se descarta la cárcel, mientras que en condenas de entre tres y diez años sin resultado de muerte se prioriza un enfoque social y educativo.

Durante el debate legislativo surgieron diferencias en torno al financiamiento del sistema. Desde la oposición se planteó la necesidad de un mecanismo directo, pero el oficialismo sostuvo que la implementación deberá realizarse mediante convenios entre Nación y las provincias.

Con la media sanción ya obtenida, el gobierno apuesta ahora a reunir los consensos necesarios en la Cámara alta para avanzar con una reforma que considera clave en materia de política criminal juvenil, aunque el proyecto anticipa un nuevo escenario de discusión parlamentaria.