El balance municipal vuelve a encender alarmas sobre el rumbo de la ciudad: con aumentos de tasas que superan la inflación, subas en servicios básicos como recolección, alumbrado y barrido, y multas cada vez más caras, las consecuencias ya se sienten en la vida diaria de los rionegrinos.

El dato central radica en la dinámica de las cuentas: mientras los ingresos municipales crecieron en torno al 98% interanual, las erogaciones lo hicieron a un ritmo del 130%, lo que terminó desbalanceando la estructura financiera. Este desfasaje, que desde el Ejecutivo local se atribuye al impacto de la inflación y a la desaceleración de la actividad económica, vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad del modelo de administración.

En paralelo, uno de los puntos que más preocupa es la evolución de la recaudación propia. A pesar de los aumentos en tasas y contribuciones, los ingresos por este concepto no lograron sostenerse en términos reales frente a la inflación, lo que refleja una caída en el nivel de cumplimiento y una mayor presión sobre los contribuyentes.

A esto se suma un componente estructural: el peso del gasto corriente dentro del presupuesto. Más del 60% de las erogaciones se destinaron a personal, lo que limita el margen para inversión en obra pública y servicios, en un contexto donde la demanda social crece y los recursos disponibles resultan cada vez más ajustados.

El escenario se complejiza aún más por factores externos. La caída de transferencias y la paralización de obras nacionales impactaron directamente en las finanzas locales, obligando al municipio a absorber costos que antes eran cubiertos por otros niveles del Estado.

Así, el balance deficitario no aparece como un hecho aislado, sino como la consecuencia de una combinación de variables económicas, decisiones de gasto y limitaciones estructurales. En una ciudad como General Roca, donde la actividad productiva depende en gran parte del sector frutícola y del movimiento regional, el desafío hacia adelante será recuperar el equilibrio sin trasladar aún más presión a los vecinos ni comprometer la prestación de servicios esenciales.