La medida fue ordenada por el juez Daniel Rafecas en el domicilio donde residen familiares del exmilitar fallecido en 2005, en el marco de investigaciones aún en curso.

El juez federal Daniel Rafecas dispuso el allanamiento de una vivienda que perteneció al exrepresor Carlos Suárez Mason, actualmente habitada por su esposa e hija. La medida se llevó adelante como parte de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El operativo incluyó el ingreso de fuerzas policiales y personal judicial al inmueble, donde se realizó una inspección completa. Según trascendió, el procedimiento abarcó distintos ambientes de la casa, incluido el dormitorio de una de las residentes.

Durante el allanamiento, se buscó documentación relevante, como archivos y registros vinculados al accionar del Primer Cuerpo de Ejército, estructura que Suárez Mason comandó y desde donde se ordenaron secuestros y detenciones ilegales en centros clandestinos.

La investigación también se relaciona con el robo de bebés nacidos en cautiverio, un delito por el cual el exmilitar había sido procesado y detenido. La causa continúa activa con el objetivo de identificar a personas apropiadas durante ese período.

Otro de los ejes del procedimiento fue indagar sobre las finanzas del exrepresor y su entorno. En ese sentido, se analiza su presunta participación en el uso de fondos públicos y privados para sostener actividades represivas ilegales y operaciones de inteligencia.

La orden judicial se basó en una declaración reciente que sugiere la posible existencia de material probatorio en el domicilio. El operativo generó cuestionamientos por parte de familiares y allegados, quienes manifestaron reparos debido al tiempo transcurrido desde la muerte del exmilitar.