Los datos de junio muestran que los bancos concentran la mayor parte del dinero en mora, mientras que las fintech y los prestamistas no bancarios reúnen a una proporción más elevada de personas con atrasos.

En junio de 2026, unos 5,86 millones de personas físicas registraban deudas atrasadas en Argentina, equivalentes al 27,1% del total de deudores relevados. La morosidad representaba, además, el 15,5% del monto total adeudado, de acuerdo con un análisis elaborado a partir de los datos de la Central de Deudores del Banco Central y registros de ARCA.

La distribución de la deuda muestra una marcada concentración. El 17% de las personas con atrasos debe menos de $100.000 y casi el 40% tiene obligaciones inferiores a $400.000. En el extremo opuesto, el 14,5% de los morosos con mayores deudas concentra el 73% del dinero en mora.

Los bancos tradicionales reúnen cerca del 65% del monto adeudado. Las entidades privadas explican el 45% y concentran al 27% de las personas en mora, con una deuda atrasada mediana de $1.458.000, mientras que los bancos públicos representan alrededor del 20% del volumen total.

En cantidad de personas, el panorama cambia. Mercado Libre y Mercado Pago concentran el 19% de los morosos, aunque representan apenas el 2,9% del monto en mora, con una deuda mediana de $116.000. El segmento de crédito rápido no bancario, integrado por firmas como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins, reúne al 22,6% de las personas atrasadas y el 7,7% del dinero adeudado.

Los jóvenes de entre 18 y 25 años aparecen entre los grupos más afectados. La cantidad de deudores de esa franja creció 38%, mientras que su tasa de mora pasó del 24,7% al 40,8%, con una deuda mediana de $282.000. A su vez, las nuevas incorporaciones al sistema de morosos descendieron de unas 840.000 a 542.000 personas mensuales.

El análisis vincula el deterioro de la mora con la expansión del crédito, la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones de financiamiento de algunos segmentos no bancarios. También advierte sobre el peso de los impuestos en el costo financiero y plantea la necesidad de reforzar los controles sobre créditos rápidos y tarjetas no bancarias, especialmente frente al creciente endeudamiento de los jóvenes.