La tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo. El gobierno británico publicó una guía oficial destinada a empresas que desarrollan actividades económicas en el archipiélago y reafirmó su respaldo a las operaciones consideradas legítimas por las autoridades de las islas, en medio del avance de las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei contra compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos.
El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO), sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación sobre las Islas Malvinas ni sobre las personas y empresas que desarrollan actividades allí. En ese sentido, Londres volvió a rechazar cualquier intento de Buenos Aires de ejercer jurisdicción sobre las compañías que operan en el archipiélago.
La publicación británica se conoció pocos días después de que el Gobierno argentino anunciara nuevas medidas contra empresas y personas vinculadas con actividades petroleras en aguas que la Argentina considera parte de su territorio. El 8 de septiembre se iniciaron expedientes sancionatorios contra 60 personas y empresas, mientras que también se presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus subsidiarias, además de las compañías JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas.
El conflicto tiene como uno de sus principales focos al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las islas y desarrollado por un consorcio integrado por Rockhopper y Navitas. La iniciativa prevé comenzar la extracción de hidrocarburos en 2028 y contempla una primera etapa con una producción estimada de 170 millones de barriles.
En este contexto, la guía británica busca brindar respaldo a las compañías que puedan recibir presiones o acciones legales por parte de las autoridades argentinas. Londres recomienda a las empresas que obtengan asesoramiento jurídico independiente y, al mismo tiempo, advierte que el Gobierno británico está dispuesto a intervenir cuando una compañía, subsidiaria o proveedor enfrente dificultades en terceros países debido a sus actividades en las islas.
La posición del Reino Unido mantiene como eje el rechazo a discutir la soberanía sobre las Malvinas mientras los habitantes del archipiélago no lo soliciten. Además, Londres sostiene que los isleños tienen derecho a decidir sobre sus recursos naturales y que la explotación de hidrocarburos se realiza bajo las normas establecidas por el Gobierno de las Islas y dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Del lado argentino, el Gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra empresas, proveedores, accionistas y directivos vinculados con la explotación de recursos naturales en áreas que Argentina considera bajo su soberanía. Entre las posibles medidas se contempla la inhabilitación para operar en el país durante períodos de entre cinco y veinte años.
El canciller Pablo Quirno defendió las medidas adoptadas por la Argentina y aseguró que el Gobierno actúa dentro del marco de la legislación nacional. Además, sostuvo que el proyecto impulsado por Milei permitirá fortalecer las herramientas disponibles para defender los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas.
Así, mientras Buenos Aires prepara el envío del proyecto al Congreso, Londres busca proteger a las empresas que participan de actividades económicas en el archipiélago. El cruce vuelve a colocar la explotación de hidrocarburos y las sanciones económicas en el centro de una disputa que continúa atravesada por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
