La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad una ley de amnistía que podría liberar a cientos de detenidos por razones políticas, aunque expertos y opositores advierten sobre sus límites.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática destinada a conceder perdón y posible liberación a personas detenidas por cuestiones políticas en episodios de crisis entre 1999 y 2025. La norma fue aprobada por unanimidad tras dos semanas de intensos debates y consultas, y fue remitida para su promulgación por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La ley contempla la amnistía para quienes hayan participado en protestas o enfrentamientos políticos ocurridos en distintos años de tensión, incluyendo hechos como el golpe de 2002 y manifestaciones en varias décadas. Su aprobación ha generado esperanza entre familiares de detenidos y organizaciones civiles que llevan años reclamando su liberación.

Sin embargo, la normativa excluye expresamente de la amnistía a personas procesadas o condenadas por promover, instigar o participar en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía e integridad territorial del país, así como a quienes hayan cometido delitos graves como violaciones a los derechos humanos, homicidio, tráfico de drogas o corrupción. Esta cláusula podría dejar fuera de la medida incluso a opositores de alto perfil, como María Corina Machado, según los términos del texto.

Grupos de derechos humanos y sectores de la oposición han calificado la ley de restringida y insuficiente para garantizar la liberación plena de todos los presos políticos, advirtiendo que la exigencia de comparecer ante la justicia o los criterios de exclusión limitan el alcance de la medida. Aun así, la norma abre la puerta a la liberación o cierre de causas judiciales para centenares de detenidos que se encuentran en cárceles o en el exilio.

La aprobación de esta amnistía se produce en un contexto político marcado por cambios abruptos tras la captura en enero del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la presión internacional para avanzar en medidas de reconciliación política. Familias de presos habían realizado huelgas de hambre y protestas para exigir una ley que garantizara garantías y libertades para los encarcelados por motivos políticos.

Ahora que la ley fue sancionada, resta su promulgación oficial y la implementación práctica de los mecanismos de amnistía, lo que determinará cuántas personas efectivamente podrán recuperar la libertad o ver sus procesos judiciales cerrados bajo el nuevo marco legal.