La decisión del gobernador Gustavo Melella de avanzar con elecciones en agosto es cuestionada por el gasto millonario en medio de la crisis económica y tensiones políticas.

La convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes en Tierra del Fuego para el próximo 9 de agosto desató fuertes cuestionamientos en el ámbito político provincial, en especial por el costo estimado del proceso en un contexto de dificultades económicas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 0751/26, en el marco de la Ley provincial Nº 1529, y prevé la elección de 15 convencionales —siete titulares y ocho suplentes— con el objetivo de impulsar una reforma parcial de la Constitución. El gobernador Gustavo Melella defendió la iniciativa y la presentó como un paso para fortalecer las instituciones y reducir el gasto político.

Sin embargo, sectores de la oposición y analistas advierten que la convocatoria implicaría un desembolso superior a los 8.000 millones de pesos, en una provincia atravesada por déficit fiscal, conflictos en el sistema de salud, paros docentes y aumento del desempleo.

En ese marco, desde distintos bloques legislativos surgieron iniciativas para frenar el proceso. La Comisión de Legislación General ya emitió dictamen favorable a un proyecto que busca derogar la ley que habilita la reforma, el cual será tratado en la Legislatura en los próximos días.

Dirigentes opositores consideran que la convocatoria resulta inviable en la actual coyuntura económica y cuestionan la prioridad del gasto. También surgieron interpretaciones que vinculan la reforma con posibles objetivos electorales, aunque el mandatario rechazó esa hipótesis.

Pese a las críticas, la convocatoria se mantiene firme y desde el gobierno provincial confirmaron que el cronograma electoral sigue en pie, con la elección prevista para agosto de 2026.