La administración de Paz Pereira rechazó las amenazas sobre una posible ocupación de instalaciones energéticas en Cochabamba y anticipó la aplicación de medidas de seguridad para evitar ese tipo de acciones.

El gobierno de Bolivia expresó este lunes su rechazo a las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien sugirió la posibilidad de tomar una planta hidroeléctrica en Cochabamba si se repiten interrupciones en el suministro eléctrico en la región.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que una acción de esa naturaleza no será tolerada y afirmó que las fuerzas de seguridad actuarán para garantizar el control de las instalaciones estratégicas del Estado. Además, remarcó que no se permitirán conductas que consideró delictivas bajo ninguna justificación política o social.

La polémica se originó luego de que Morales, durante un acto con seguidores en el trópico cochabambino, planteara la posibilidad de ocupar una planta de generación eléctrica ante eventuales nuevos cortes de energía en la zona.

Frente a esas declaraciones, Gálvez calificó la amenaza como un acto criminal y advirtió que una medida de ese tipo podría afectar el abastecimiento energético y generar consecuencias para la población del departamento de Cochabamba.

El funcionario también insistió en que nadie está por encima de la ley y señaló que todas las personas que hayan cometido delitos deberán responder ante la Justicia y la sociedad boliviana.

En ese contexto, responsabilizó a Morales por distintos hechos de violencia registrados en el país y aseguró que la ciudadanía deberá exigir explicaciones a quienes promovieron acciones que, según el gobierno, derivaron en pérdidas humanas y episodios de conflictividad social.