El exmandatario es investigado por su presunta participación en las protestas que se extendieron durante 53 días y provocaron graves consecuencias económicas y sociales.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una investigación por los bloqueos que se prolongaron durante 53 días. La medida fue impulsada tras una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

La causa atribuye a Morales una presunta participación en delitos como alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra los medios de transporte y los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, entre otras acusaciones.

La investigación también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al referente campesino de La Paz, Vicente Salazar. La presentación judicial recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, los bloqueos generaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos sanitarios, además de dejar al menos 16 personas fallecidas. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira calculó que las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares.

La nueva orden judicial se suma a otra causa en la que el exmandatario enfrenta una acusación por presunta trata de personas. Desde 2024 permanece en la región de Chapare, donde continúa resguardado por un grupo de seguidores que hasta el momento impidió su detención.