El gobierno de Lula da Silva activó el mecanismo previsto por la Ley de Reciprocidad Económica para evaluar contramedidas frente a las tarifas impuestas por Washington. Brasil también busca mantener abiertas las negociaciones diplomáticas.

El gobierno de Brasil inició formalmente el proceso para aplicar posibles medidas de reciprocidad económica contra Estados Unidos, en respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a productos brasileños.

La iniciativa se sustenta en la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso brasileño y sancionada en 2025. La normativa permite establecer contramedidas proporcionales frente a restricciones comerciales unilaterales aplicadas por otros países.

Entre las medidas cuestionadas se encuentra un arancel del 25% que Washington justificó por supuestas prácticas comerciales desleales y otro del 12,5% relacionado con la fiscalización de productos elaborados mediante trabajo forzoso. Brasil considera que ambas disposiciones son injustificadas y arbitrarias.

Al mismo tiempo, la Cancillería brasileña notificó a Estados Unidos sobre el inicio del procedimiento y solicitó consultas diplomáticas. La estrategia busca combinar la aplicación de los mecanismos previstos por la legislación nacional con una salida negociada al conflicto comercial.

Brasil ya había recurrido a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para cuestionar los aranceles estadounidenses. Washington aceptó el pedido de consultas y manifestó su disposición a reunirse con representantes brasileños para avanzar en el diálogo.

La decisión de Brasilia se produce en medio de una creciente disputa comercial internacional por el uso de aranceles unilaterales. El gobierno de Lula busca así fortalecer su posición frente a Estados Unidos mientras mantiene abierta la vía diplomática para intentar resolver las diferencias.