Vecinos y comerciantes de la ciudad advirtieron que podrían llevar el reclamo a la calle ante las reiteradas roturas de cañerías y la falta de un operativo de inspección que permita determinar el origen de las fallas.

Vecinos y comerciantes de Añatuya endurecieron el reclamo por las reiteradas roturas de cañerías que mantienen con agua potable distintas calles del centro y barrios de la ciudad. Ante la falta de respuestas concretas, advirtieron que podrían trasladar la protesta a la vía pública.

El conflicto también alcanzó al gobierno de Elías Suárez debido a las demoras en la autorización de una inspección solicitada por el Municipio. El operativo quedó sujeto a la intervención del Ente Regulador de los Servicios de Agua y Cloacas (ERSAC), sin que hasta el momento se informara un cronograma para avanzar con los trabajos.

Las pérdidas fueron denunciadas en calles como Gobernador Barraza, Pueyrredón, Pasaje Quinteros, Chacabuco y Gottau, además de sectores del barrio Platense Oeste. Los vecinos sostienen que el agua acumulada proviene de la red de suministro y señalaron que las tareas municipales de escurrimiento no resuelven el problema de fondo.

El intendente Julio Castro había solicitado a Aguas de Santiago un corte programado de 24 horas para realizar un relevamiento técnico integral. La empresa respondió que no podía disponer por sí sola la interrupción del servicio y que necesitaba autorización del organismo regulador. Posteriormente, el Municipio pidió formalmente al ERSAC habilitar un corte entre el 24 y el 25 de agosto para localizar las fallas.

Sin embargo, al momento de hacerse público el reclamo vecinal, no se había comunicado una respuesta concreta del ente regulador ni un esquema de reparación para los puntos afectados. La situación dejó expuesta una cadena de responsabilidades entre la concesionaria, el organismo de control y las autoridades municipales.

Aguas de Santiago tiene la concesión del servicio de agua y cloacas en Añatuya y otras localidades santiagueñas, mientras que el control corresponde a la Provincia. En ese contexto, el reclamo plantea un desafío para el gobierno provincial, que deberá intervenir para destrabar la inspección y garantizar una respuesta ante un problema que afecta de manera directa a vecinos y comerciantes.