La medida regirá durante 60 días, restringirá temporalmente algunos derechos constitucionales y permitirá el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, decretó el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, en la región de Ica, ante el aumento de hechos delictivos y situaciones de violencia. La disposición fue publicada el 19 de septiembre y establece que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

El decreto contempla la restricción temporal de derechos constitucionales vinculados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y el tránsito, además de disposiciones relacionadas con la libertad y seguridad personales. La normativa establece que estas medidas se aplicarán durante el período de excepción previsto para ambas jurisdicciones.

La decisión se fundamentó en informes de la Policía Nacional que alertaron sobre la afectación del orden interno y la seguridad ciudadana debido a distintas modalidades delictivas, entre ellas homicidios y extorsiones. A partir de esos reportes, las autoridades determinaron la necesidad de reforzar los operativos de seguridad en la zona.

Durante la vigencia de la medida, la Policía definirá las zonas de intervención en función de información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros indicadores. Las Fuerzas Armadas participarán como apoyo en las tareas destinadas a enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

El nuevo estado de emergencia se suma a otras medidas de seguridad adoptadas en distintas regiones del país. Las autoridades también dispusieron operativos y acciones especiales en zonas consideradas estratégicas, mientras que el Ejecutivo mantiene medidas de excepción vinculadas con la seguridad en establecimientos penitenciarios.

Entre las acciones previstas en el plan de seguridad se encuentran controles dentro de las cárceles, participación militar en tareas de vigilancia, evaluaciones al personal penitenciario y medidas destinadas a impedir comunicaciones ilícitas desde los establecimientos. También se contempla el desmantelamiento de antenas ilegales y la implementación de sistemas para bloquear señales electrónicas en los centros penitenciarios.