Diputados están impulsando una nueva ley destinada a proteger a los periodistas en el ejercicio de su profesión. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a fuentes de información, un aspecto fundamental para el trabajo periodístico, y al mismo tiempo establecer medidas para prevenir y sancionar las agresiones que puedan sufrir durante manifestaciones o mientras realizan coberturas en espacios públicos. 

Un grupo de diputados nacionales, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Pablo Juliano, Sergio Palazzo y Juan Manuel López, presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es establecer un marco legal que proteja a periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa. La iniciativa busca garantizar que puedan ejercer su labor de manera libre y segura, frente a los constantes ataques y riesgos que enfrentan en su día a día.

El proyecto destaca que el periodismo libre y sin represalias es fundamental para la rendición de cuentas, la transparencia y la democracia. Sin embargo, muchos profesionales del sector trabajan en condiciones vulnerables y sin suficiente protección institucional ante los peligros inherentes a su profesión. Por ello, esta ley pretende ser una herramienta para evitar la impunidad de quienes buscan silenciar y limitar la pluralidad de voces y opiniones.

Entre los principales objetivos de la propuesta se encuentran la prevención y protección de la libertad, seguridad e integridad de los trabajadores de prensa, así como la garantía de la reserva de sus fuentes y la investigación y sanción de agresiones o amenazas contra ellos. Además, el Estado tendría la responsabilidad de crear un ambiente seguro para el desarrollo de la actividad periodística, adoptando medidas para prevenir cualquier forma de violencia y promoviendo discursos públicos que contribuyan a erradicarla.

Asimismo, el proyecto establece que los periodistas no deben ser molestados, agredidos o privados de sus herramientas de trabajo durante manifestaciones públicas. También prohíbe que las fuerzas de seguridad confisquen sin orden judicial los materiales de trabajo y prohíbe cualquier acción que impida la cobertura informativa en esos contextos. Finalmente, se resalta la obligación del Estado de garantizar el acceso a fuentes de información oficiales para facilitar el ejercicio pleno del periodismo.