El gobierno reforzó el despliegue policial y militar en La Paz mientras continúan las protestas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira y crece la tensión política y social en el país.

El gobierno de Bolivia descartó decretar el estado de excepción pese a la escalada de violencia registrada en La Paz y resolvió intensificar los operativos de seguridad para contener nuevas protestas, recuperar el control de las calles y detener a los responsables de los disturbios.

La decisión fue adoptada luego de una reunión entre autoridades del Ejecutivo, mandos policiales y las Fuerzas Armadas, tras una de las jornadas más conflictivas desde el inicio de las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, cuya renuncia es reclamada por sectores sindicales, campesinos y grupos afines al exmandatario Evo Morales.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que se aplicarán medidas “duras y estrictas” contra quienes participaron de saqueos, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la Policía, aunque rechazó recurrir a mecanismos extraordinarios previstos en la Constitución. “No hay posibilidad de un estado de excepción”, aseguró.

Las protestas reunieron a organizaciones campesinas, mineras, docentes rurales y agrupaciones vinculadas a Morales, que marcharon hacia La Paz en medio de un escenario de creciente polarización política y deterioro económico. Los incidentes dejaron vehículos policiales incendiados, daños en comercios y oficinas públicas, además de más de 100 detenidos.

La tensión también se mantiene en El Alto y en distintos puntos del país, donde continúan bloqueos de rutas en seis departamentos bolivianos. La medida ya provoca problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, mientras sectores empresariales reclaman al gobierno una respuesta más contundente para garantizar la circulación.

Pese a la presión de organizaciones empresariales y cívicas que impulsan medidas más severas, el Ejecutivo insistió en mantener abiertos los canales de diálogo. Desde la Casa de Gobierno advirtieron que decretar el estado de excepción podría profundizar el conflicto y fortalecer el discurso de persecución denunciado por los sectores movilizados.