Miles de campesinos, mineros y trabajadores marcharon hacia el centro de la capital para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. La protesta derivó en choques con las fuerzas de seguridad y dejó detenidos.

La ciudad de La Paz vivió este miércoles una de las jornadas más tensas desde el inicio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia. Miles de manifestantes provenientes de distintos sectores recorrieron varios kilómetros desde El Alto hasta el centro de la capital para reclamar la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, en una movilización que terminó con enfrentamientos con la Policía.

Las columnas de campesinos, mineros y trabajadores intentaron llegar a la plaza Murillo, donde se encuentran la sede del gobierno y la Asamblea Legislativa. Para impedir el avance, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo y utilizaron gases lacrimógenos y otros elementos disuasivos. Durante los incidentes también se registraron detonaciones de petardos y cargas de dinamita, mientras columnas de humo cubrían distintos sectores del centro paceño.

La protesta se produjo en el día 41 de un conflicto que mantiene bloqueadas varias rutas del país y que ya provoca dificultades en el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos básicos, además de aumentos de precios en diferentes regiones.

Entre los manifestantes se encontraban organizaciones campesinas de La Paz, Oruro y Potosí, junto con delegaciones llegadas desde Cochabamba y sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana. Ante la magnitud de la movilización, la Policía estableció varios anillos de seguridad alrededor de los edificios públicos y se observó presencia militar en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Durante los disturbios fueron detenidas varias personas, entre ellas Vicente Salazar, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, una de las organizaciones que lidera las protestas. Su arresto generó una inmediata reacción de los manifestantes, que exigieron su liberación y denunciaron una persecución contra los referentes del movimiento.

La escalada de tensión refleja la profundización de una crisis que comenzó a principios de mayo con reclamos vinculados a la situación económica y que, con el paso de las semanas, incorporó demandas políticas dirigidas contra el gobierno de Paz Pereira.